● El modelo de gestión mayoritario del comedor es la gestión indirecta mediante una empresa que es seleccionada en el Consejo Escolar. Siguiendo la actual normativa para la contratación del servicio de comedor, no existe una herramienta de valoración objetiva de las ofertas presentadas por las empresas, en la cual se desglosan los conceptos que incluye el servicio licitado. Y, que además, valore la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y social, como pueden ser incluir alimentos de proximidad, ecológicos o un proyecto educativo adecuado.

● La insuficiencia de sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión técnica del comedor por parte de la Administración y la inexistencia de un sistema de control por parte de las familias, genera desconocimiento (por ejemplo, del gasto en materias primas y la procedencia de las mismas) y opacidad. Como consecuencia, es difícil saber si se están cumpliendo las recomendaciones de la Guía de los Menús Escolares y las condiciones del Decreto 84/2018, de 15 de junio para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros de la Comunidad Valenciana.

● La normativa permite que la mitad del superávit que se puede generar a consecuencia del funcionamiento del comedor (sobre todo en las escuelas de ciudad) pueda ser distribuido a otras partidas, si así lo acuerda el Consejo Escolar. Este hecho provoca que parte del presupuesto que tendría que destinarse a alimentación se oriente a otros gastos ordinarios del colegio, que tendrían que ser contemplados por la misma Consellería.

● El diseño de los menús se basa en la Guía para los menús en comedores escolares 2018 de la Consellería de Sanidad. Como esta guía incorpora solo una serie de recomendaciones no vinculantes (no son obligaciones), en numerosas ocasiones nos encontramos menús con alta cantidad de carnes procesadas, pescados precocinados y empanados, pastas y arroces de harina blanca y lácteos azucarados. Por el contrario, hay poca presencia de verduras frescas, cereales integrales y legumbres. Además, no es habitual que los menús incorporen productos de temporada, locales o de producción ecológica, recomendados por la misma guía de menús.

● Toda esta situación está provocando que el gasto en materia prima, es decir, el gasto en alimentos, sea muy reducido, pueden llegar a estar por debajo de los 1-1,20 céntimos por menú escolar (recordad que las familias pagamos 4,25 €/diarios/comensal). Con esta partida alimentaria, es difícil ofrecer una alimentación de calidad.

● Por otro lado, las zonas rurales no disponen de una normativa de comedores adaptada a su realidad, por lo cual tienen más dificultades para acceder a comedores de calidad. Es precisamente en estas zonas donde la apuesta por un cambio de modelo tiene mayor potencial: el uso en los menús de alimentos locales podría favorecer la viabilidad de las actividades productivas en un territorio a menudo amenazado por la despoblación.

● También tenemos que destacar las fortalezas que presenta nuestro modelo: la descentralización de la gestión permite la participación de pequeñas y medianas empresas, lo cual revierte positivamente sobre el medio socioeconómico del territorio. Además, estas pequeñas y medianas empresas son generalmente más permeables a los cambios como los aquí expuestos y permiten que en nuestro territorio exista más diversidad de empresas frente al oligopolio de otros lugares, donde pocas empresas controlan todo el negocio de la alimentación escolar.