NOTA DE PRENSA. Las organizaciones sociales salen en defensa del proyecto de decreto para una alimentación más saludable y sostenible
Distintas organizaciones sociales argumentan que la propuesta de decreto no tiene por qué afectar al precio del menú si se reduce el consumo de alimentos de origen animal, se acortan los canales de comercialización y se emplean productos de temporada. Escoles que Alimenten pide a la Conselleria de Educación que regule la contratación teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y que controle el superávit de los comedores escolares.
Según el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el futuro decreto del Consell para una alimentación saludable y sostenible en los servicios de restauración colectiva que dependen de la GVA puede provocar cambios en el coste del menú escolar. Por esta razón, el documento impulsado por la Conselleria de Sanitat se ha quedado finalmente a las puertas del cambio de legislatura. Los motivos: un posible aumento del gasto en las becas comedor y un posible incremento del precio de los menús para las familias usuarias.
Sin embargo, desde Escoles que Alimenten argumentan que algunas de las propuestas del decreto podrían incluso abaratar el precio del menú. Según esta plataforma, el CJC ha centrado sus críticas en la introducción de alimentos ecológicos, normalmente más caros que los convencionales, pero no ha tenido en cuenta que lo que se propone es un cambio integral en la manera de abordar la alimentación y que esta propuesta incorpora otras cuestiones.
Un menú más equilibrado y saludable que además mantiene el precio actual
Una de las cosas que se busca con la nueva norma es la recuperación de la dieta mediterránea, un patrón que estamos perdiendo, mediante la disminución de proteína animal (principalmente carne y pescado) a favor de las legumbres. Se trata de una medida respaldada por las últimas recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que además conlleva una considerable reducción del gasto en materia prima. Según el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), “una ración de legumbres cuesta al consumidor alrededor de 0,20 euros, mientras que una ración de carne blanca cuesta en torno a los 0,45 euros, o sea, más del doble”.
El empleo de verduras, hortalizas y frutas de temporada también puede reducir los costes. Tal como puede comprobarse en la página web de Mercasa, algunas hortalizas como el tomate, el calabacín, la alcachofa, la judía verde o la berenjena tienen una variación anual de precio muy significativa, en función de si es o no su temporada de producción. En la Comunidad Valenciana se produce una variedad enorme de verduras y frutas y, según Escoles que Alimenten, no tiene sentido que en los comedores escolares se estén consumiendo tomates y calabacines producidos en invernaderos cuando en nuestro territorio se está produciendo coliflor y brócoli.
Otra medida a favor del abaratamiento del menú es la reducción de intermediarios entre el productor y la empresa de restauración. Según los datos proporcionados mensualmente por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor es, como media, de aproximadamente cuatro. El impulso de la venta directa o de canal corto es imprescindible para garantizar precios asequibles para las empresas y justos para los agricultores/as, además de ser una recomendación de la propia Unión Europea.
“Según la Estrategia europea de la Granja a la Mesa, España debería alcanzar para 2030 un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica“.
Exigir alimentos ecológicos es imprescindible y perfectamente legal
Otra de las cuestiones que el órgano critica de la norma es la obligación de que determinado porcentaje de alimentación deban ser productos ecológicos certificados, de proximidad o denominación de origen. Entiende que estos parámetros son discriminatorios y vulneran la igualdad de trato de los licitadores infringiendo las políticas de mercado interior en la Unión Europea.
Según Justicia Alimentaria: “lo que vulnera las políticas de la Unión Europea es el sistema actual de contrataciones de las empresas gestoras, pues no se están teniendo en cuenta criterios de salud y sostenibilidad”. En línea con el Pacto Verde Europeo, la Ley 9/2017 de contratos en el sector público obliga a las administraciones a incorporar aspectos cualitativos, sociales, ambientales y de innovación vinculados al objeto del contrato. En Francia, la Ley 938/2018, conocida como EGALIM, obliga a los establecimientos dependientes de la Administración pública a adquirir un mínimo del 20% de productos ecológicos. ¿No está Francia dentro de la Unión Europea? ¿O es que el CJC tiene unos criterios contrarios a la UE en temas alimentarios?
Según la Estrategia europea de la Granja a la Mesa, España debería alcanzar para 2030 un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Esta transformación no puede depender de la demanda individual y familiar. Es indispensable impulsar la demanda de alimentos ecológicos desde las Administraciones públicas, en este caso desde los comedores escolares, los hospitales y otros servicios alimentarios dependientes de la GVA.
Reducir el superávit para incrementar la calidad
Otra medida que podría adoptarse, según la plataforma Escoles que Alimenten, es el control del superávit que en muchas ocasiones genera el comedor escolar. Parte de este superávit, a veces cuantioso, sobre todo en colegios grandes, se termina invirtiendo en gastos ordinarios de la escuela, suponiendo una pieza importante en la financiación de muchos colegios. Esto hace que los Consejos Escolares den mucha importancia al criterio del precio a la hora de elegir empresa de comedor, inclinándose a menudo por las ofertas más baratas. Por primera vez este año, las Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes contemplan una limitación que no permite la contratación del servicio por debajo de un precio mínimo. Desde Escoles que Alimenten celebran la medida y piden a la Conselleria de Educación avanzar en esta dirección: establecer un acuerdo marco con criterios de sostenibilidad social y ambiental, limitar las rebajas económicas de las empresas para controlar el superávit y establecer un gasto mínimo en alimentos. Desde la plataforma se piensa que no es tan necesaria la revisión del precio máximo del servicio (actualmente, 4,25 euros), sino la adopción de medidas que permitan un mejor uso del dinero que pagan las familias, garantizando prioritariamente alimentos de calidad.
¿Dónde queda la salud en la batalla por el precio?
Por último, ¿y si realmente la aplicación del decreto supusiera un incremento del precio del menú escolar? ¿No merecería la pena este incremento del gasto público? ¿En qué orden de prioridad está la salud de nuestras niñas y nuestros niños? Este decreto tendría que salir adelante aunque supusiera un esfuerzo para las arcas públicas, porque hay mucho en juego: el apoyo a la actividad agraria en nuestro territorio, el cumplimiento con los compromisos europeos con la sostenibilidad, pero principalmente la salud de las personas, especialmente las más vulnerables.
